Una oportunidad perdida: Las fallas del Acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia sobre el punto de Solución al Problema de Drogas Ilícitas

Ballestas

Por: Juan Ballestas *

En los diálogos para finalizar el conflicto en Colombia han sido 5 los puntos que la mesa de La Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional ha decidido abordar: Problema agrario, Participación política, Problema de las drogas ilícitas, Víctimas y Fin del conflicto. Cada uno de ellos entendidos como clave para poder lograr una paz ‘estable y duradera’, tal y como se propone en el Acuerdo Marco que dio inicio a las conversaciones. De esos cinco puntos, sobre los tres primeros ya hay documentos oficiales que dan cuenta de lo que se ha logrado acordar en cada uno de ellos.

Como es evidente, cada uno recoge realidades y problemáticas que el país debe afrontar para alcanzar la paz. Sin embargo –y sin pretender soslayar la importancia de los otros- el punto de ‘Solución al problema de drogas ilícitas’ se muestra central, dado que el narcotráfico en Colombia ha sido un elemento fundamental para el sostenimiento y dinamización de lo que ha sido el conflicto más largo del hemisferio occidental.

Las distintas etapas del narcotráfico han estado involucradas en los diversos momentos que la violencia en Colombia ha tenido. De la visión simplista de ‘carteles’ estilo Hollywood de los setenta y los ochenta, pasando por la financiación de la lucha insurgente, y también por la violencia paramilitar y de las élites terratenientes gracias a la cocaína, el narcotráfico ha sido un motor permanente para las violencias en el país.

Es por eso que entre la sociedad civil colombiana e internacional había muchas esperanzas en que los acuerdos pasaran por una reevaluación profunda de los principios y valores de la actual estrategia antidrogas. El desmonte de la economía política del narcotráfico, la innovación en ciencia e investigación frente a usos industriales y medicinales de plantas actualmente declaradas ilícitas, y una propuesta sólida para transitar de la prohibición hacia modelos regulatorios fueron algunas de las muchas ideas y propuestas que se discutieron, tanto en espacios formales abiertos por la mesa de negociación – especialmente los foros organizados por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia – como en documentos, reportes y comunicaciones públicas de organizaciones que trabajan el tema.

Lamentablemente, ese no fue el caso. Como fue señalado por el TNI, el Acuerdo publicado en conjunto por las delegaciones en la mesa de negociación dejó por fuera problemáticas inherentes al paradigma de la prohibición, además de realidades de abandono y aislamiento propios de las regiones de Colombia en las que el cultivo de coca es mayor. En este contexto, vale la pena problematizar sobre los lugares comunes y las reiteraciones inocuas que el Acuerdo propone. Ello revierte gran importancia para poder evaluar si se aprovechó una oportunidad histórica o si, tal vez, se tomaron decisiones que presentan un riesgo a futuro para un Acuerdo eventualmente firmado y refrendado por el pueblo colombiano.

En principio, hay que señalar la atemporalidad del Acuerdo. Parece escrito hace veinte años: ajeno a investigaciones y debates que en años recientes han moldeado la discusión global para la reforma de políticas de drogas. Dicha ceguera redunda en omitir discusiones gruesas que han mostrado la urgencia de un cambio de paradigma completo en relación a la política internacional de fiscalización. Los hondos fracasos de dicha política en cuanto a los impactos negativos sobre los derechos humanos y la seguridad ciudadana se dejan por fuera. Además, ignora la evidencia y los resultados provenientes de distintas experiencias de regulación y legalización en distintos países, así como los beneficios de las propiedades y usos medicinales de algunas sustancias.

El Acuerdo, tal y como está planteado actualmente, resulta más una hoja de ruta para desvincular a las FARC del negocio, con el objetivo de diseñar un plan nacional de sustitución de cultivos ilícitos en sus zonas de influencia, antes que una propuesta seria para desmontar la economía de guerra que representa el narcotráfico. Como ha sido señalado por diversos expertos, se dejan por fuera los diversos actores y ‘eslabones’ (de los que la guerrilla es apenas uno), además de no plantear una estrategia real para sacar a las regiones apartadas del atraso histórico en el que están inmersas.

Es tal la desconexión que ni siquiera tomaron en cuenta – al menos no se refleja en el Acuerdo – el informe de Escenarios elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y antes que continuar desde lo ya construido, se propone a las Naciones Unidas convocar a una nueva conferencia sin tener en cuenta que en pocos años será celebrada la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas en 2016. No se toca ni siquiera tangencialmente la posibilidad de avanzar en modelos regulatorios haciendo un llamado por generar mayores estudios y consensos (¿entre quienes, acaso?).

A pesar de que en el plano internacional todo parece indicar que la hegemonía del prohibicionismo ha llegado a su fin, en las mesas en La Habana hicieron a un lado esa realidad perdiendo una importante oportunidad para abrir una discusión franca y democrática sobre la mejor manera de transitar hacia la eminente regulación.

En el caso colombiano, la manera en que se dé ese tránsito será fundamental para el fortalecimiento de la democracia en el país, o en su defecto, para su socavamiento. Ridículo sería que en Colombia se comenzara a hablar de regulación sólo a partir de un paradigma movido por fuerzas de mercado, dejando por fuera las exigencias de amplios sectores sociales y campesinos históricamente perseguidos por la prohibición. En la mesa de La Habana se perdió la oportunidad de discutir la filigrana de un cambio de paradigma y en resumen se renunció a la posibilidad de hacer un ejercicio de soberanía para pensar una estrategia funcional al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, las economías campesinas y los sectores más marginalizados del país.

* Filósofo por la Universidad Nacional de Colombia y analista en temas de políticas de drogas y derechos humanos

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Categorías:Contextos Políticos

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