Apoye. No Castigue: Impulsando el fin de la guerra contra las drogas

Nougier

Por: Marie Nougier *

Hace tan sólo unos días, el 26 de junio, gente de todas partes del mundo salieron a las calles para hacer un llamado a poner fin a la guerra contra las drogas como parte de la segunda edición de la campaña Apoye. No Castigue. Yo estuve entre ellos, en Londres, para hacer mi voz escuchar e impulsar por políticas de drogas basadas en evidencia científica con una perspectiva humana, de salud y desarrollo. Junto con Londres, otras 80 ciudades alrededor del mundo también organizaron diversas acciones bajo el lema “Apoye. No Castigue”.

He estado trabajando en el campo de las políticas de drogas por seis años, primero en la Organización Mundial de la Salud, donde me enfrenté por primera vez con las horrendas violaciones a derechos humanos relacionadas con las detenciones forzosas a personas que consumen drogas en Asia, y luego con el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), una red global de ONGs que promueven políticas de drogas con una perspectiva más humana y basadas en evidencia científica. Aunque la reforma de la política de drogas continúa siendo confrontada e incluso tabú, los últimos años han visto un cambio sin precedentes hacia un diálogo más abierto sobre las alternativas a la guerra contra las drogas.

En América Latina, la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 marcó un momento excepcional en que los gobiernos reconocieron las fallas de las estrategias represivas de control de drogas en la región. La OEA también lanzó en mayo dos importantes informes sobre el problema de las drogas en las Américas justo antes de este evento, los cuales proporcionaron una importante base para la discusión. A pesar de que muchos países en América Latina concuerdan que se requiere un serio debate sobre el futuro de las estrategias de control de drogas, aún persisten las divisiones sobre qué tipo de alternativas podrían ser implementadas. Por otra parte, en diciembre pasado Uruguay marcó las primeras planas al convertirse en el primer país del mundo en tomar pasos hacia un Estado regulador del cannabis para uso recreativo – una movida innovadora que no ha sido necesariamente apoyada por otros gobiernos en la región.

En América del Norte, las cosas comienzan a moverse lentamente. El Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder, hizo un llamado recientemente para terminar con las sentencias de prisión desproporcionadas por delitos de drogas. Os estados de Washington y Colorado están en proceso de poner en marcha los sistemas regulatorios para los mercados de cannabis legales, los cuales fueron aprobados en referéndum a nivel local en noviembre de 2012. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en la región, al tiempo que algunos estados están adoptando políticas más represivas – por ejemplo Tennessee, donde fue aprobada una nueva ley criminalizando a mujeres embarazadas que usan drogas por “dañar al feto”. Esto resulta extremadamente problemático tanto para la madre como para el feto de acceder a los servicios de salud que requieran. Asimismo, la población penitenciaria en Estados Unidos continúa siendo una de las más elevadas a nivel mundial, mientras que los esfuerzos de procuración de justicia continúan centrados preponderantemente en minorías hispanas y negras, particularmente frente a crímenes de drogas. Este es justamente uno de los asuntos que Eric Holder intenta resolver.

Otro problema relacionado en los Estados Unidos ha sido las cortes de drogas, un mecanismo por medio del cual quienes cometen ofensas menores relacionadas con drogas son enviadas a recibir tratamiento, en lugar de ser encarceladas. Esto podría ser una jugada interesante para abordar el problema de la sobrepoblación carcelaria; sin embargo, en la práctica, las cortes de drogas han levantado diversas preocupaciones, como el envío de personas que no son necesariamente dependientes (ya que prefieren el tratamiento sobre una sentencia de prisión), y el hecho de que una persona pueda ser sentenciada a un mayor plazo de prisión del que tendría normalmente si falla con el programa de rehabilitación. Por ello resulta preocupante que este modelo imperfecto esté siendo exportado a diversas partes del mundo, especialmente a América Latina.

Mientras tanto, aunque en Canadá se han desarrollado políticas fantásticas a nivel local – especialmente en Vancouver – donde existen importantes servicios de reducción de daños (incluyendo centros de inyección segura, Insite), el gobierno federal mantiene y promueve un enfoque represivo frente al control de drogas, tanto a nivel nacional como local.

El debate sobre política de drogas también está cobrando relevancia en África, donde la Comisión del África Occidental sobre Drogas acaba de lanzar su primer informe resaltando la necesidad de un nuevo enfoque más humano y de salud sobre las políticas de drogas. Esto es particularmente relevante en una región donde la racional de la guerra contra las drogas está atrayendo mucha atención de las autoridades, quienes tienen la oportunidad de evitar cometer los mismos errores en que han incurrido en otras regiones durante las últimas décadas. Por ello es crucial emprender cuanto antes un diálogo abierto para asegurar que los países africanos adopten políticas basadas en evidencia científica efectivas para reducir los crímenes relacionados con las drogas. Otra iniciativa interesante en la que participé fue aquella organizada por la organización portuguesa APDES – una conferencia sobre políticas de drogas en los países africanos de habla portuguesa en enero de 2014, una oportunidad más para promover el debate sobre las políticas de drogas en la región.

A nivel internacional, la Comisión sobre Estupefacientes (CND) y el Segmento de Alto Nivel mostraron que nos encontramos actualmente en una situación única sobre el sistema internacional de fiscalización. Aunque el documento final del Segmento de Alto Nivel – la Declaración Ministerial Conjunta – fue decepcionante por únicamente repetir compromisos previos para erradicar el comercio ilícito de estupefacientes, la reunión mostró claramente un rompimiento claro sobre el consenso internacional. Como ONGs, estuvimos cerca de vitorear a Ecuador cuando su delegado tomó la palabra y llamó por una urgente revisión de las convenciones de la ONU sobre drogas. Fue también muy emocionante ver, por primera vez, un evento paralelo durante la CND para discutir abiertamente los modelos regulatorios en Uruguay y Estados Unidos – algo que hubiera sido impensable hace tan sólo tres o cuatro años.

Y en el terreno, el debate también avanza. Diversas alternativas están siendo puestas en práctica alrededor del mundo – ya sea en reducción de daños, despenalización, medios de vida alternativos, estrategias de procuración de justicia más inteligentes, o mercados de cannabis regulados – y la sociedad civil está siendo cada vez más empoderada para participar en las discusiones sobre políticas de drogas.

Para mí, fue una gran victoria ver cómo tantas personas, ONGs, académicos, e incluso oficiales de las Naciones Unidas y de diversos gobiernos, se unieron bajo un solo mensaje durante el Día de Acción Global con la campaña “Apoye. No Castigue” para romper el tabú sobre la reforma de la política de drogas. Espero que muchos más de ustedes se unan a mí para exigir a nuestros gobiernos en todas partes del mundo a poner fin a la guerra contra las drogas.

* Encargada de Investigación y Comunicación, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC)

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Categorías:Contextos Políticos

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