Quemando etapas: Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Regulación del Mercado de Cannabis en Uruguay

Delgado

Por: Hernán Delgado *

A principios de mayo fue presentado en Uruguay el decreto reglamentario de la ley que regula el acceso legal a cannabis con fines recreativos. Lentamente en Uruguay comienza a materializarse el cambio, y sobrellevar la ansiedad constituye todo un desafío. Es que si bien en el último año este rincón del sur se ha impuesto como modelo progresista, quienes vivimos la cotidianidad de un Uruguay conducido por una gerontocracia que desnuda reflejos conservadores -escapándole a la redundancia- transitamos cada avance en este proceso como una nueva cruzada.

Mucho se ha dicho en relación a los elementos positivos que hacen de la regulación del mercado de cannabis una alternativa sólida y viable al prohibicionismo. Sosteniendo como base que la ley uruguaya es la mejor en su rubro, nos centraremos en algunas de sus debilidades, así como en los principales desafíos que, reglamentación en mano, se plantean a futuro.

En términos generales el decreto reglamentario no trajo demasiadas sorpresas. Se creará el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, organismo que se encargará de regular las tres vías de acceso a la sustancia: el abastecimiento en farmacias, la formación de clubes de cannabis y el autocultivo. Con marcadas ansias de control, se confirma el establecimiento de límites arbitrarios al consumo de las personas, fijándose un máximo de consumo mensual de 40 g a través de farmacias y clubes, y un límite anual de cosecha en el hogar de 480 g.

El decreto también confirma la instauración de un sistema de registro de usuarios. De naturaleza injusta, este registro es la piedra en el zapato para el usuario y su voluntad de incorporarse al mercado legal. Se podría aventurar que constituye el precio que los uruguayos deberemos pagar por ser el primer país en impulsar un modelo de regulación, es cierto. El tiempo dirá si eventualmente, en un escenario regional auspicioso, se termina eliminando. Sin embargo, más allá de alegar que los datos estarán protegidos y no serán de acceso público, los actores políticos no se han detenido demasiado en este punto. Lejos de intentar transmitir confianza a los usuarios, mas sí preocupados por brindar seguridad al resto de la población – cual si fueran cuestiones mutuamente excluyentes -, definieron desde un comienzo no incorporar a su línea discursiva el avance en materia de derechos que supone esta ley, únicamente reivindicado por las organizaciones sociales.

En el marco de una ley que incorpora elementos de control social exagerados e integra un enfoque paternalista de salud pública, fundado en la perspectiva de un Presidente que aún no distingue el uso recreativo del uso problemático de drogas, la estrategia comunicativa seleccionada ha acentuado el hecho de que la inscripción de los usuarios en el registro se posicione como uno de los obstáculos a sortear. De a ratos, parecería que el gobierno olvidara que el éxito de esta política estará íntimamente ligado a la adherencia de los usuarios al mercado regulado.

Por otra parte, será inevitable el surgimiento de nuevas dinámicas de microtráfico que sustituirán las ya instaladas. Éstas conformarán un mercado gris inexistente hasta el momento, el cual ofrecerá cannabis de calidad proveniente de establecimientos regulados, pero en un marco de ilegalidad. La razón es que el mercado legal no contempla el abastecimiento de tres poblaciones que al día de hoy acceden a la sustancia a través del mercado negro: los menores de 18 años, los turistas y aquellos que presenten un consumo mayor a los 40 g. Las pequeñas fugas de cannabis serán moneda corriente y la generación de este mercado gris se erigirá como uno de los principales escollos, capaz de socavar la credibilidad del modelo ante la opinión pública.

En contraste, el desarrollo de redes de tráfico de cannabis de mayor complejidad y alta rentabilidad será improbable, siendo esta una de las fortalezas de la regulación. La implementación de mecanismos de evaluación y monitoreo que poseerá esta ley será trascendental en la generación de indicadores confiables que apuntalen la experiencia uruguaya.

Quizá el hecho que ha generado mayor desconcierto a las organizaciones sociales sea que la reglamentación plantea exigencias burocráticas excesivas al club de cannabis, desestimulando su formación y proliferación. A ello debe sumársele que sin un criterio aparente se había establecido un máximo de 45 miembros por club, algo que compromete la viabilidad económica de organizaciones autogestionadas y sin fines de lucro. Empero, más allá de estas disposiciones, la mayor decepción ha sido confirmar que quienes piensan la política de drogas en Uruguay continúan menospreciando la capacidad de los usuarios de drogas como interlocutores válidos en la generación de mensajes. Es que el decreto reglamentario prohíbe a los clubes la realización de cualquier tipo de actividad o iniciativa de difusión de información dirigida a personas externas al club que tenga como finalidad mejorar las prácticas de consumo de sustancias.

Quienes integramos organizaciones sociales que trabajan en política de drogas, entendemos que el modelo de clubes de cannabis constituye un nuevo espacio de inserción de los usuarios en el movimiento social, y el vehículo ideal en la generación de un discurso integral de prevención y reducción de daños, enriquecido por la articulación entre las instituciones y la ciudadanía. Resulta paradójico encontrarse con pequeñas cúpulas técnicas que desconozcan el valioso potencial transformador de espacios descentralizados de 45 usuarios organizados, y que todavía se empeñan en abordar la realidad del uso de drogas desde un escritorio. Latinoamérica de a poco ha comenzado a nutrirse de las experiencias europeas de trabajo con los usuarios. En tanto, hoy Uruguay parece a priori desperdiciar la oportunidad de diversificar los espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas.

Finalmente, mencionar que la reglamentación referente a la regulación del cannabis con fines terapéuticos y al cáñamo con fines industriales estará pronta en la segunda mitad del año. Uruguay se incorporará a un mercado todavía incipiente y de una demanda incalculable, que dada la coyuntura, presenta oportunidades económicas inéditas para el desarrollo del país. Lentamente se comienza a instalar la discusión del modelo de producción de cannabis con fines de exportación que se promoverá. Sería deseable perseguir la generación de una cadena productiva nacional de alto valor agregado, que entre otras cosas fomente el desarrollo social a través de la incorporación de productores familiares y cooperativas de trabajadores. Tal modelo consolidaría la política de reducción de daños asociada al uso y abuso de drogas más efectiva: la distribución de la riqueza.

En definitiva, Uruguay avanza. Haciendo eco a su historia, vuelve a ser vanguardia en materia de derechos; es un hecho que debe ser reconocido en su magnitud y ser motivo de celebración. No obstante, todavía no ha comprendido que para impulsar una transformación profunda en política de drogas, debe incorporar la visión de un actor que hasta el momento ha sido invisibilizado: el usuario.

* Integrante de ProDerechos, Uruguay

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Categorías:Alternativas de Regulación

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